Violencia de género: no desnudar a un santo para vestir a otro

La autora pide que no se niegue la realidad de la violencia de género ni se desproteja a las víctimas, por el hecho de que haya puntos a mejorar en la lucha contra esta lacra.

“No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida”. Simone de Beauvoir murió hace 33 años y sus palabras siguen vigentes. La controversia, la polémica, en sentido etimológico, están servidas por quienes utilizan la demagogia para dividir a la población, pretendiendo dar a entender que el feminismo es equivalente al machismo, pero ejercido por las mujeres.

Desde la perplejidad más absoluta, la gran mayoría de la sociedad ajena a este bombardeo, coincide en lo consensuado internacionalmente, en eso que no deberíamos permitir que se cuestionara: la violencia de género existe. Otra cosa es el debate sobre la forma de combatirla.

Esa constatación se plasmó en el consenso unánime de los grupos políticos en 2004 y ha vuelto a plasmarse en el Pacto de Estado de 2017.  Huelga decir que el reconocimiento de la violencia de género no implica que la violencia intrafamiliar no exista. La lucha contra ambos tipos de violencia no es excluyente y puede perfeccionarse. Este es el enfoque adecuado y no la propuesta radical de derogar una ley que surge frente a un problema concreto, que no es exclusivo de España y que se trata con políticas públicas similares en el resto de los países.

Quienes piden la derogación de la Ley Integral de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género esgrimen tres argumentos principales: la detención inmediata del denunciado (que, según ellos, es móvil de denuncias falsas), la desigualdad en las penas si los delitos se cometen por hombre o por mujer en el ámbito familiar y el supuesto alto número de denuncias falsas, que obtienen detrayendo las sentencias condenatorias de las denuncias interpuestas.

Son poquísimos los investigados por malos tratos que esperan en prisión provisional la celebración del juicio

Sin embargo, nada de esto tiene que ver con la letra de la Ley 1/2004, contra la que luchan tan fervorosamente. La detención inmediata no está incluida en esa norma. La Ley Orgánica se desarrolla mediante reglamentos y, en el protocolo policial, ni siquiera se prescribe la detención, aunque al ser potestativa, los agentes de policía hacen la valoración del riesgo y son quienes deciden aplicarla. Lean el texto de la Ley de Violencia y no hallarán una referencia a que los denunciados tengan que ser detenidos.

En todo caso, para solucionar esto, que puede ser el punto más criticado de la Ley, desde la óptica de las personas que hayan pasado, injustamente o no, una noche en el calabozo, no hace falta modificar la norma. Podría plantearse, por ejemplo, una redacción clara del Reglamento que ofreciera a la denunciante la posibilidad de tener un alojamiento seguro, hasta la celebración de la vista de la orden de protección, sin que necesariamente se detuviera al denunciado. Así se hacía con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género, pero en el momento de su redacción, se planteó la injusticia de que la mujer, al denunciar tuviera que salir de casa. A veces hay que asumir injusticias menores para evitar perversiones mayores.

Deténganse a pensar, de todas maneras, en que son poquísimos los investigados por malos tratos que esperan en prisión provisional la celebración del juicio, por no decir casi ninguno, incluso cuando hay lesiones evidentes que requieren hospitalizar a la víctima. Algunos estudios calculan en menos del 3% los casos en los que se adopta esa medida cautelar. Y esto sucede en un país en el que situaciones como la de Zaplana nos alertan de un uso excesivo de esta medida privativa de libertad.

Otro de los mitos, ya casi elevado a la categoría de leyenda urbana, es que, si un hombre es agredido por su pareja, no puede solicitar una orden de protección. Eso no es cierto. Lo puede hacer de igual forma y, el único requisito es acreditar el riesgo objetivo para su integridad.

Calcular las denuncias falsas como la diferencia entre las denuncias interpuestas y las condenas es una falacia

Para igualar las penas entre agresores y agresoras en el ámbito de la pareja, no hace falta derogar una Ley Integral que, además del aspecto punitivo, engloba medidas de prevención, educación, sanidad, protección o atención a las víctimas. Si del debate político se entendiera, escuchando a las personas instruidas en el asunto, que procede esa equiparación penal, bastaría con rectificar los artículos 153 y 173 del Código Penal. No sería nada ajeno a nuestra cultura jurídica porque ya han sido modificados varias veces en los últimos años.

Para terminar, la operación aritmética de calcular las denuncias falsas como la diferencia entre las denuncias interpuestas y las sentencias condenatorias es una falacia. En los diez últimos años, el 11,7% de las mujeres afectadas se ha acogido a su derecho a no declarar contra su pareja o ex pareja –sólo en 2015 y 2016, esta cifra supuso 31.439 sobreseimientos–, con lo cual, el Ministerio Fiscal se queda sin la prueba necesaria y se procede al archivo en la mayoría de los casos. Esto sucede porque desde 2004 no ha sido posible modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se creó, allá en el siglo XIX y permanece inalterado, para que los cónyuges puedan preservar la paz familiar, que, paradójicamente, no existe en supuestos de violencia de género.

En un estudio de la Junta de Andalucía sobre la capacidad económica de las víctimas que decidían no continuar con la denuncia encontramos una de las claves. El 75% de estas mujeres carecía de ingresos propios o sus ingresos eran inferiores a 500 euros mensuales.

Además, es incuestionado que estamos ante uno de los delitos más difíciles de probar, porque los actos violentos, los desprecios, los insultos, se producen en la intimidad. Los maltratadores no son tontos o no tienen por qué serlo. La mayoría ofrece una imagen social encantadora que les presenta como una pareja perfecta. Recordemos que, no hace mucho tiempo, cuando se preguntaba a los vecinos por un asesinato, muchos manifestaban su sorpresa diciendo que el matrimonio “se llevaba muy bien” y que él era “un hombre normal”.

Otra de las circunstancias y características de la violencia de género es que las víctimas, cuando denuncian, no quieren perjudicar a su pareja o ex pareja. Solamente buscan su tranquilidad y su seguridad: “Yo no quiero que le pase nada, solo que me deje en paz”. Con estas u otras palabras expresan un mantra que psicólogos, abogados y trabajadores sociales escuchan a diario, en esos centros de atención que algunos llaman “chiringuitos”.

La punta del iceberg son las mujeres asesinadas, pero no se oyen los gritos de las que lo serán este año y el siguiente

Por todo esto y por mucho más, es por lo que la violencia de género no puede tratarse con frivolidad. Todo el mundo quiere el castigo para el desconocido que le roba o que le estafa, pero la dependencia emocional, la culpa y la penacondicionan a la víctima que sabe que su pareja o ex pareja, probablemente el padre de sus hijos, puede acabar en prisión si se prueba lo que denuncia. Aunque las estadísticas dicen que pocas penas se cumplen en la cárcel.

De hecho, en el último informe presentado por el Gobierno de España con cifras de internos en centros penitenciarios por violencia de género, el 36,6% han sido condenados por quebrantamientos de órdenes de alejamiento. En este mismo informe se dice que existen 5.999 internos en centros penitenciarios por delitos relacionados con la violencia de género, pero se agrupan tipos penales tan dispares como asesinato, detención, homicidio, abuso sexual, agresión sexual, allanamiento de morada, amenazas, coacciones, incendio violento, lesiones, lesiones al feto, malos tratos, quebrantamiento de la medida de alejamiento, quebrantamiento de condena, robo con fuerza, violencia habitual y “otros”.

La mejora y subsanación de errores ante un debate como este, no pasa por destruir y reconstruir, sino por reformar para perfeccionar. Las políticas consensuadas, los estudios de expertos e instituciones nacionales e internacionales, tienen que servir para que no cuestionemos la existencia de un problema tan grave como la violencia de género. La punta del iceberg son las mujeres asesinadas cada año, pero debajo del agua no se oyen los gritos en silencio de las que serán asesinadas este año y el año siguiente. Tampoco se oye a aquellas que viven sometidas a su maltratador y se sienten sin fuerzas para escapar.

Rompamos la demagogia, luchemos por mejorar lo que falla, igualemos con los mecanismos necesarios el nivel de protección de las personas, pero no neguemos lo evidente, lo existente, lo plausible, lo indiscutible, para crear dos bandos y una guerra. Solo debe haber un bando, en un frente común para acabar con el problema. Y no se engañen: una mujer que agreda a su pareja también encuentra castigo. Si quieren que sea mayor, luchen para ello, pero no desprotejan a las otras víctimas, no desnuden a un santo para vestir a otro. Busquemos las soluciones conjuntas y no retrocedamos a la cola del mundo civilizado negando lo consensuado. Busquemos factores correctores y evitemos este rasgo intradérmico de la idiosincrasia española que es la polarización para la creación de bandos.

Autora del artículo: Cruz Sánchez de Lara Sorzano es abogada, presidenta de Thribune for Human Rights y miembro del Consejo de Administración de EL ESPAÑOL.

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La autora pone en valor la trayectoria de la magistrada María Tardón por su lucha a favor de la igualdad. Tardón ha recibido este miércoles el premio Soledad Cazorla del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ.

Magistrada María Tardón

Autora del artículo: Cruz Sánchez de Lara Sorzano.

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EL CONSENTIMIENTO EN LOS DELITOS SEXUALES ENTRE PAREJAS.

EL CONSENTIMIENTO EN LOS DELITOS SEXUALES ENTRE PAREJAS.

Los delitos sexuales, regulados en el título VIII del Código Penal, son aquellos que atentan la libertad e indemnidad sexual. De entre ellos, vamos a hacer referencia a la agresión sexual y el abuso sexual.

El abuso sexual es definido en el artículo 181 CP como la realización de actos atentatorios a la libertad y la indemnidad sexual de otra persona, sin violencia ni intimidación y sin el consentimiento válido de ella. Al delito de abuso sexual fraudulento, regulado en el artículo 182 CP, se añade el supuesto de engaño con posición de confianza.

Hasta ahora se ha considerado que faltará el consentimiento siempre que el sujeto pasivo hubiera expresado su negativa o no se le hubiera dado la oportunidad de pronunciarse.

El rasgo distintivo que permite singularizar a los abusos sexuales y diferenciarlos de las agresiones (artículo 178 CP), es la ausencia de violencia y de intimidación en los abusos, frente a la presencia de la misma en las agresiones, ya que las conductas sexuales propias de ambas son las mismas.

Distinguimos dentro del artículo 181.3 CP un abuso sexual con prevalimiento, dentro del cual podemos incluir abusos sexuales producidos entre parejas sentimentales. En este tipo, la causa del vicio es que hay una situación de superioridad manifiesta entre el autor y la víctima. En estos casos, por existir una relación sentimental en la que el autor se aprovecha de su superioridad moral, desvirtuando la opinión y haciendo caso omiso a la voluntad de su pareja. Lo único que se exige, para que se de este tipo, es que se anule la capacidad de decisión de la víctima.

Tal y como define el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2004): “La violación es la cometida cuando la resistencia de la víctima es dominada por la fuerza o el miedo o cualquier otra forma de coerción.” Sin embargo, el término violencia sexual basada en el género, encierra una amplia variedad de abusos que incluyen amenazas sexuales, explotación, humillación, asaltos, violencia doméstica, incesto, prostitución involuntaria, tortura, inserción de objetos en orificios genitales y tentativa de violación.

Así, también define la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.

La violación provoca en la mayoría de las mujeres sensación de indefensión, miedo, ansiedad, percibiéndose como un suceso que amenaza su vida e integridad.

Para considerar que ha existido una agresión sexual, deberán concurrir tres elementos1:

  • Una acción positiva que atente contra la libertad sexual de otra persona. Da igual la forma en que se ejecute ese acto o comportamiento, lo importante es que se introduce un elemento subjetivo o intencional, representado por la finalidad de obtener una satisfacción sexual, siendo precisamente este comportamiento antijurídico y sancionable desde el punto de vista penal.
  • Que se emplee violencia o intimidación, lo que lo diferencia de los abusos sexuales. No existe una lista cerrada de comportamientos que podamos encuadrar como actos de violencia o intimidación, que sirvan para doblegar la voluntad de la víctima, sino que habrá que acudir a cada caso concreto y con unos rasgos generales que la jurisprudencia ha ido elaborando con el paso del tiempo.

El término violencia equivale a acometimiento, imposición material, uso de la fuerza física u otra semejante que vale para vencer la voluntad de la víctima y que, por tanto, haga inútil la negativa a realizar el acto sexual.

El concepto intimidación se basa en aquella reacción del sujeto pasivo, por la que cede a la actividad sexual para evitar un mal mayor sobre su persona o bienes, o sobre los de un tercero con el que tenga una relación íntima o estrecha que le provoque ceder ante ese comportamiento (hijos, ascendientes, cónyuge, entre otros).

No es necesario que el mal con el que se amenace sea grave, pero sí que sea creíble y real, y que sea de tal envergadura que haga por sí mismo que la víctima ceda al acto sexual. La violencia o la intimidación han de ser eficaces para inhibir cualquier atisbo de resistencia que pueda emplear la víctima en el momento en que el agresor realiza el acto atentatorio contra la libertad sexual. El delito existe tanto si el sujeto activo utiliza esa fuerza o intimidación como si la aprovecha o se beneficia de la empleada por otras personas o ante determinadas situaciones”.

  • Cualquier persona puede ser sujeto activo o pasivo, con independencia del sexo. Esto es, no se trata de proteger en mayor medida a un determinado género a pesar de que, por desgracia, en la mayoría de las ocasiones el sujeto pasivo sea una mujer. Además, también puede haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol de estupefacientes, dormida o mentalmente incapacitada.

El Estudio Multipaís de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer, definió la violencia sexual como actos en los cuales una mujer2:

  • Fue forzada físicamente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad;
  • Tuvo relaciones sexuales contra su voluntad por temor a lo que pudiera hacer su pareja;
  • Fue obligada a realizar un acto sexual que consideraba degradante o humillante.

Delitos sexuales entre parejas

Se cree que tanto los abusos como las agresiones sexuales ocurren por parte de extraños. La mayoría de gente tiene en su mente esa imagen de agresor asociada a un hombre que sale de la nada y fuerza a la mujer. No obstante, la realidad es bien distinta pues la evidencia indica que, en su gran mayoría, la persona que agrede es un familiar, conocido, pareja o ex pareja.

Lamentablemente, según cifras de la OMS3, una de cada cinco mujeres ha sufrido una violación o abuso sexual por parte de una pareja estable, que suele creer que posee un cierto derecho a disponer sexualmente de su pareja, ignorando la opinión y consentimiento de ésta.

Además, del total de éstas, la mayoría son mujeres, víctimas de este maltrato en un entorno doméstico, donde la línea que separa el sí del no se vuelve más fina en aras de mantener una relación aparente armónica y por miedo al abandono. Tal y como advierte la revista de medicina de familia SEMERGEN, en el plano emocional, las mujeres maltratadas pueden confundir los sentimientos y la sexualidad. Esto ocurre con más frecuencia cuando las mujeres han sido objeto de abuso sexual en la infancia. En algunos casos creen que pueden obtener el amor de su pareja por la complacencia o el sometimiento sexual, ya que los agresores, a menudo, solicitan la práctica de sexo frecuente para demostrarles amor y al mismo tiempo dominancia4.

Otro error bastante común es el de visualizar ese abuso como una situación violenta, en la que existe un forcejeo en el que el miembro de la pareja que está siendo sometido, tanto física como psicológicamente, acaba por desistir.

Si bien es cierto que en la mayoría de ocasiones se utiliza la amenaza, minusvaloración, manipulación, coacción o fuerza para consumar el acto sexual, debemos recordar que el abuso se distingue de la agresión en la falta de violencia. Cuando la situación predominante en la pareja es el maltrato físico y psicológico, el abuso sexual se realiza, principalmente, en forma de coacción sin violencia. Así, solo el hecho de acceder a realizar un acto sexual por no aguantar malas caras o que no se disguste el otro miembro de la pareja, ya es un abuso.

En ambas ocasiones, se trata de un tipo de maltrato físico y psicológico, a veces llevado a cabo como mecanismo de manifestación de poder o, incluso, como intento de un maltratador de reconciliarse por la fuerza.

Esta idea, junto con los datos mencionados, son precisamente los que reflejan que estos delitos no son tan infrecuentes como la mayoría de la gente parece pensar. Muchas de las personas que sufren estos delitos no son capaces de denunciarlos, debido a un cúmulo de circunstancias tales como la autoculpabilización, el medio a represalias, a no ser creído o a la ausencia de apoyo moral. De hecho, se calcula que en torno a un 80% de casos no son denunciados.

Hoy en día, si nos preguntaran si es posible que se considere un delito de agresión cuando se produce entre cónyuges, la respuesta afirmativa parece obvia. No obstante, este no siempre ha sido el criterio del Tribunal Supremo. Este asunto ha generado una gran polémica y diferencia de criterios hasta que la sentencia 2485/2013, de 3 de mayo de la sala de lo Penal de este Tribunal, fijó doctrina al respecto.

Hasta ese momento, tal y como se reconocía en la Sentencia de 9 de abril de 1997, en la doctrina se mantenían básicamente tres tesis:

1ª. Quienes estimaban que la violación entre cónyuges no integraba el tipo de violación, afirmando que el hecho se debería sancionar como amenazas o coacciones, tesis inspirada por lo establecido en algunos Códigos extranjeros, que excluían el propio cónyuge como sujeto pasivo en el delito de violación;

2ª. Quienes estimaban que aun siendo el hecho típico no sería, por lo general, antijurídico por la concurrencia de la eximente de ejercicio legítimo de un derecho (art. 20. 7º CP);

3ª. La doctrina mayoritaria y moderna, que consideraba que el acceso carnal forzado o mediante intimidación entre cónyuges integra el tipo de violación y es antijurídico, por lo que debe ser sancionado como delito de violación o agresión sexual del art. 178 cuando no existe acceso carnal.

Como respuesta, esta sentencia de 2013 afirmaba que en nuestro ordenamiento jurídico las dos primeras tesis antes expuestas, carecen de fundamento. Ni la norma legal excluye al cónyuge como sujeto pasivo al tipificar el delito de violación o agresión sexual, ni existen supuestos derechos a la prestación sexual, debiendo primar, ante todo, el respeto a la dignidad y a la libertad de la persona. Es por ello por lo que esta Sala ha declarado reiteradamente que comete violación o agresión sexual, y no está amparado por causa alguna de justificación quien, usando violencia o intimidación, tuviese acceso carnal o atentare contra la libertad sexual de su cónyuge.

Es decir, el tipo penal del delito de agresión sexual en ningún caso excluye al cónyuge como posible autor de este delito tan repugnante y, además, en nuestro ordenamiento jurídico no existen supuestos derechos a la prestación sexual.

Este tipo de conductas constituye, sin duda alguna, un grave atentado al bien jurídico protegido por el tipo, que es la libertad sexual, libertad que no se anula por la relación conyugal, por lo que no existe justificación alguna para violentar por la fuerza o mediante intimidación la voluntad contraria del otro cónyuge

De la necesidad de consentimiento

Es necesario hacer una especial consideración al concepto de consentimiento de la víctima o resistencia que la misma puede emplear ante el acto del agresor.

Actualmente se ha desatado un debate sobre la necesidad de consentimiento expreso, a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en el caso de “la Manada”, siendo la respuesta del Gobierno la comunicación de su intención de impulsar una reforma del Código Penal que introduzca un consentimiento expreso de la víctima en la tipificación de los delitos sexuales, con la finalidad de asegurar mejor las garantías en los tipos penales. El objetivo es considerar que si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no.

No obstante, la necesidad de dicho consentimiento no es algo nuevo, sino que ha venido modulándose a lo largo de los años. Así, por ejemplo sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de Navarra condenaba a los acusados por delitos de abuso sexual por considerar que no bastaba con que el sujeto pasivo hubiera manifestado con anterioridad un deseo de que pudiera tocarle, sino que el consentimiento ha de ser continuado y aparecer y/o seguir apareciendo en el momento inmediatamente anterior a la realización de dichos actos pues, si los mismos tuvieron lugar tras consumir la víctima abundantes bebidas alcohólicas, no autorizaba la situación a los acusados a disponer de ella a su antojo, una vez que se encontraba esta con su consciencia afectada, ya que, decía esta sentencia, “debe el sujeto pasivo tener la posibilidad de negar, abstenerse o desistir de la realización del acto carnal que tuvo lugar”.

En el mismo sentido, el ATS de la Sala Segunda de lo penal, 318/2016, de 28 de enero, en un caso de víctima privada de sentido que antes había mantenido una relación sexual con el acusado declara que “no es aceptable plantear, como hace el recurrente, que el consentimiento dado por la víctima en las primeras relaciones sexuales mantenidas, pueda conservar su eficacia en un momento posterior en el que la mujer ya no puede decidir ni consentir.

El criterio jurisprudencial seguido hasta hora, exigía que el sujeto pasivo se niegue a realizar el comportamiento sexual solicitado por el agente para que se cometa un delito de agresión o abuso sexual. Basta con un no, sin ser necesaria una resistencia heroica, para entender que la insistencia del sujeto en la actividad sexual, venga o no acompañada de fuerza o intimidación, es un delito sexual.

En cuanto a la resistencia5, puede ser de naturaleza pasiva o, incluso, en algunas ocasiones, de cierta colaboración en la actividad sexual. La víctima puede tener una participación activa en el acto sexual cuando se vea atemorizada y piense que, el agresor, además de atentar contra su libertad sexual, pueda dañar su integridad física o acabar con su vida.

El mero consentimiento otorgado por la víctima, o la presunción del mismo, no significa que sea vinculante, y mucho menos, que tenga carácter permanente. Podrá revocarlo cuando lo crea pertinente, estando obligada la otra parte a respetar esta decisión. Así, podemos entender que no solo debe existir este consentimiento en el momento inmediatamente anterior, sino que además, ha de ser continuado.

El problema, en la mayoría de las ocasiones, radica en la valoración de la prueba, pues es difícil juzgar si esa resistencia se ha producido o no o, incluso, si ha habido cierta amenaza o intimidación, aún más teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones solo se cuenta con versiones contradictorias del denunciante y el denunciado. Es importante tener en cuenta que la jurisprudencia no exige una conducta heroica para demostrar la falta de aprobación, pues puede tratarse de un consentimiento viciado, ya sea por superioridad o por sentir presión por las circunstancias y que estos delitos se cometen en cierta clandestinidad, lo que hace muy difícil probar la culpabilidad del sujeto activo, destruyendo así la presunción de inocencia.

Ahora bien, si esta valoración parece compleja en situaciones en las que el agresor y la víctima son desconocidos, aun parece más complicado cuando estos delitos sexuales se producen entre miembros de una pareja. Son las víctimas las que soportan la carga de probar su negativa ante los requerimientos de su pareja, siendo objeto de análisis si la víctima pudo o no negarse, oponerse, si tuvo fuerzas para ello, si tuvo miedo, si esa negativa se realizó de forma expresa o a través del silencio, si se bloqueó y no reaccionó. Como veíamos antes, en ocasiones se puede confundir el silencio y la no oposición directa a la insistencia de la pareja, con el otorgamiento de legitimidad al consentimiento sexual.

Conclusión

Para combatir la violencia sexual, no podemos centrarnos únicamente en el sistema de justicia penal, sino que se requiere la cooperación otros sectores, como los de la salud y la educación, poniendo énfasis en la prevención y, velando al mismo tiempo porque las víctimas tengan acceso a servicios y apoyo apropiados.

Es evidente que la violencia y la negación de la voluntad no deben ser toleradas, pero es un problema de muy difícil solución desde el punto de vista jurídico, y que es preciso abordar desde la educación social. Así, si bien realizar un cambio en la legislación es preciso, para frenar la violencia sexual y endurecer las sanciones contra los agresores, no serviría de nada si no tratamos, al mismo tiempo, de cambiar la mentalidad de la sociedad, inculcando un respeto a la mujer y, de forma paralela, educándolas para que se atrevan a decidir en libertad.

1 WOLTERS KLUWER, “Agresiones sexuales”, Guías Jurídicas.

2 WORLD HEALTH ORGANIZATION (2013). “Violencia sexual”

3 World Health Organization (2013). “Violencia sexual”

4 ARROYO FERNÁNDEZ, A., “Violencia doméstica y maltrato sexual”. SEMERGEN, vol. 32, 2006.

5 WOLTERS KLUWER, “Agresiones sexuales”, Guías Jurídicas.

Autora del artículo: Ana Bernal Carrillo

II JORNADA HUÉRFAN@S DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: HACIA LA REPARACIÓN DEL DAÑO

El fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto ha convocado una jornada para concienciar a la sociedad y transmitir la preocupación de la situación de los menores huérfanos de la violencia de género en España. En esta jornada realizada en el Senado participarán representantes de las instituciones implicadas en la erradicación de la violencia de género de ámbito estatal y autonómico, así como representantes de algunas de las familias afectadas.

En primer lugar, se dio paso a la presentación de los asistentes, seguido de una breve introducción. A continuación se expusieron los conmovedores testimonios de Josua y de Luci, que forman parte de las familias afectadas. Y, posteriormente, se presentaron una serie de propuestas para la reparación del daño de la Violencia de Género en los menores. Seguidamente se hizo una presentación del II Informe Anual y, finalmente, José Luis R. Zapatero y Laura Berja concluyeron el acto.

Josua estremeció a todos y cada uno de los asistentes con su historia, el cual se quedó a cargo de su hermano pequeño tras el asesinato de su madre a manos de su padre el año pasado. Por otro lado, Luci se tuvo que ocupar de los dos hijos de su hermana la cual fue asesinada hace cinco años, y se encontró con innumerables problemas, tanto económicos como administrativos. Josua y Luci tan sólo piden ayuda a la administración para seguir adelante, ya que nadie se ocupa de arreglar los problemas de los huérfanos de la violencia de género.

Hay una clara inexistencia de ayudas a estas personas que sufren esta complicada situación, y es por ello que, en los últimos meses, las comunidades autónomas de Castilla la Mancha, Castilla y León y Baleares han comenzado a diseñar ayudas destinadas a los mismos. La respuesta institucional es escasa e insuficiente y no alcanza a satisfacer el conjunto de necesidades y problemas a los que se enfrentan estas personas. Se tarda mucho en aportar una estabilidad en la situación familiar de los menores afectados y no se considera su condición de víctima para el acceso a determinadas ayudas y servicios.

Por lo general, existe un gran desconocimiento tanto de la situación como de las necesidades de dichas familias. Desde el Congreso de los Diputados se está debatiendo una Proposición de Ley de mejora de la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género. Además, el Pacto de Estado contra la violencia de género ha recogido algunas medidas dirigidas específicamente a estos niños.

Las familias se encuentran en la obligación de asumir un esfuerzo económico adicional sin que existan ayudas que compensen este esfuerzo. Por último, es preocupante la posibilidad de que muchos de los casos que se dan día a día no cuenten con suficientes medidas de protección para dichos menores.

Elaborado por: Verónica Hurtado Bárez. Pasante en Sánchez de Lara Abogados.

Verónica Hurtado Bárez

Shirin Ebadi y la libertad para no ir al “Paraíso”

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Esta semana, el mundo contiene el aliento durante la cuenta atrás de la decisión de Trump sobre Irán y Shirin Ebadi cruza el umbral de la puerta de mi casa. La primera mujer musulmana que ganó el Nobel de la Paz se revuelve contra esta escalada hacia la Guerra: “La cuestión nuclear no es el motivo, sino el pretexto. El problema con Irán es su agresiva política militar en Siria, en el Líbano y en Irak, pero la solución no es la guerra ni las sanciones, porque eso devolvería al regimen iraní el apoyo de la sociedad que está perdiendo”.

En la primavera de 2009, conocí a Shirin Ebadí en la ciudad guatemalteca de La Antigua. Se celebraba un congreso sobre democracia. La Nobel Women’s Initiative estaba allí representada por cuatro de las galardonadas con este premio: Mairead Maguire, Jody Williams, Rigoberta Menchú y ella.

Yo intervenía como ponente ante el Congreso de la República de Guatemala para denunciar la impunidad del 98% de los casos de feminicidios en el país. La situación era tan grave que, en el mes siguiente, se desencadenó la dimisión del jurista español Carlos Castresana como responsable de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala).

Las mujeres con Premio Nobel quisieron adherirse y firmar el documento, que tuve el privilegio de redactar, uniendo su rúbrica a la de la Plataforma de Mujeres Artistas de España, con Cristina del Valle a la cabeza.

Recordaba el brillo de sus ojos y la fuerza de sus manos. Las recordaba tal y como eran. El domingo, al estrecharlas, comprendí que los años no pasan por la piel de quién se la deja en defender a los demás. La fuerza y la dignidad permanecen como la indeleble huella digital del trabajo solidario.

Ha venido a Madrid a recibir el Premio Optimistas Comprometidos. Julia Higueras, su anfitriona en España, directora de la revista “Anoche tuve un sueño” y mi querida amiga Marta Blanco, nos han hecho ese regalo. Ella, el de venir a recogerlo. El riesgo que corre su vida hace que no se prodigue demasiado en este tipo de actos.

Hace cuarenta años, al inicio de la Revolución Islámica sentía una profunda soledad.

Shirin es musulmana. Pienso en lo doloroso que debe ser para ella explicar al mundo occidental que su religión no tiene nada que ver con el fanatismo teocrático, que impera en países como el suyo. Ella se afana en predicar que nada de lo que sucede allí emana naturalmente del Corán.

Optimista es el premio que recibe y optimista es su mensaje. La esperanza, para ella, reside en el cambio de actitud de su pueblo. Cuenta cómo, hace cuarenta años, al inicio de la Revolución Islámica sentía una profunda soledad, cuando decía que quería para Irán un gobierno secular: “Era como hablar con un espejo. Solo yo parecía entenderlo. Hoy, si hubiera libertad para decidir, más del 90% estaría a favor de ello”.

Al decir esto, miraba con complicidad a otro galardonado que compartió nuestra mesa: Alfredo Romero, el abogado venezolano, líder de Foro Penal. Ambos hablaban en términos desiderativos de elecciones libres para sus respectivos países. Sentir el privilegio de la democracia resulta estremecedor, porque solamente se experimenta frente a quienes no lo tienen.

Shirin era jueza en Teherán hasta la Revolución Islámica de 1979. En ese momento, las mujeres quedaron relegadas a funciones administrativas dentro de los tribunales. La judicatura les quedó vedada, fuera cual fuera su capacidad y competencia. Shirin no quiso vivir así mucho tiempo. Pidió una excedencia yesperó hasta que los Colegios de Abogados le permitieron ejercer esta maravillosa profesión que compartimos.

En los juzgados iraníes empezó su batalla en ayuda de los más débiles. Comenzó con divorcios, asesinatos y defensa de la infancia. En poco tiempo, se hizo incómoda al régimen por su defensa de los presos políticos y, con acusaciones falsas, se le procuró una condena de cinco años que luego le fue revocada, pero que le hizo pasar tres semanas en prisión. Hoy vive en Londres. Las amenazas la han llevado allí, al exilio.

‘Hasta que seamos libres’es el título de su libro, en el que cuenta su historia y la de su lucha en Irán. Este libro viaja por el mundo junto a los demás que los autores proscritos por el régimen de Teheran promocionan en La Feria de Los Libros Prohibidos, una forma de presentar conjuntamente, en diferentes ciudades, las obras de iraníes que no han pasado la censura o que, ni siquiera pudieron intentarlo.

Comparto con ella una preocupación. Los países islámicos tienen una fijación en que las mujeres son, ante todo, instrumentos necesarios para el incremento de la población.

Shirin pone el acento en los medios de comunicación. La propaganda es el caldo de cultivo del régimen iraní.

Hace ya dos años se conoció que el Daesh controlaba a más de 31.000 mujeres embarazadas en Irán y Siria. Nikita Malik, investigadora de Quilliam, denunciaba en The Independent que “Hay una creación sistemática de la próxima generación de (…) combatientes”, explicando además que los niños son como “una pizarra completamente en blanco” para ser impregnados por el extremismo.

La legislación civil de los ayatolas posibilita la poligamia de los hombres (dos matrimonios permanentes y varios temporales), dificulta el divorcio si la iniciativa es de la mujer y concede al hombre el veto al trabajo de su esposa, si le parece contrario a los intereses familiares o la “dignidad” No es de extrañar que Irán ocupe, en el apartado de incorporación al mercado laboral de las mujeres, el puesto 140 de 144 del Índice Global de Brecha de Género. Incluso las mujeres con formación universitaria quedan sistemáticamente condenadas al papel reproductor entre las paredes de su casa.

La geoestrategia impregna las leyes y las políticas sociales y Shirin pone el acento en los medios de comunicación. La propaganda es el caldo de cultivo del régimen iraní. El gobierno de Teherán tiene cadenas de televisión en todos los idiomas. Por eso ella pide que, en vez de imponerle sanciones económicas que perjudicarían a toda la población, la comunidad internacional impida al gobierno iraní el acceso a los satélites a través de los que difunde su mensaje pernicioso.

Shirin es una conversadora locuaz, impregnada de ironía e ingenio. Todos nos reímos cuando cuenta cómo, un día, mientras impartía clase, se le acercó un joven y le dijo: “Este Gobierno quiere que vayamos al Paraíso, pero si yo quiero ir al infierno donde, por cierto debe haber mucha gente interesante ¿por qué no puedo hacerlo sin molestar a nadie y sin que nadie me moleste?”. Es imposible resumir mejor el derecho individual a la libertad.

https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20180508/shirin-ebadi-libertad-no-ir-paraiso/305839414_12.html

Autora del artículo: Cruz Sánchez de Lara Sorzano.

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Una ley, cuatro juristas y tres posturas

La autora considera que el contenido del voto particular de la sentencia contra ‘La Manada’ obliga a reformar el Código Penal para que los magistrados ciñan sus resoluciones a una legislación que realmente proteja a las víctimas de agresiones sexuales.

Cuatro juristas (tres magistrados y una representante del Ministerio Fiscal) se han pronunciado sobre los mismos hechos, es más, sobre las mismas pruebas practicadas en el juicio oral.

Cuatro personas, tres planteamientos. Un abanico tan amplio, que va desde la absolución solicitada por el voto particular hasta la petición de condena por delitos continuados de agresión sexual.

La sentencia es paradójica. Es una síntesis de lo bueno y de lo pésimo. Lo bueno, a mi criterio, es la redacción de los hechos probados. La resolución describe la historia de una violación, con una pormenorizada y extensiva valoración de la prueba. Lo pésimo es el tipo por el que opta y los argumentos que se contienen en esas páginas, que han puesto en pie a la sociedad, que arde en indignación y cuestiona la justicia española.

Parece como si los dos magistrados –dejemos para más adelante al firmante del voto particular-, hubieran redactado concienzudamente la sentencia para su redención por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Los hechos probados describen una agresión sexual, y sin embargo, sólo se condena por abuso.

«Los hechos probados describen una agresión sexual, y sin embargo, sólo se condena por abuso.»

En dos días de polémica y movilizaciones, ha pasado a formar parte del imaginario colectivo que la intimidación y la violencia son elementos típicos de la agresión sexual, y la ciudadanía se pregunta cómo casa no apreciar la intimidación con el tenor literal de una resolución que dice: “Conformaron de modo voluntario una situación de preeminencia sobre la denunciante, objetivamente apreciable, que les generó una posición privilegiada sobre ella, aprovechando la superioridad así generada”.

Los hechos probados de la sentencia dibujan las líneas de la intimidación de forma incuestionable. El certero «zarpazo» de Tomás Serrano en este periódico prueba que una imagen vale más que todas las palabras. A juicio de muchos, también queda acreditada la violencia. Pero esta segunda consideración es refutada por bastantes juristas, sobre todo, por los más puristas, que defienden atenerse al desarrollo jurisprudencial del concepto de violencia.

Es inevitable recordar que, es la segunda vez, en unas semanas, en las que nos vemos constreñidos a la hora de pedir justicia por el concepto de violencia, y que, en la primera, con todo el trabajo que a los magistrados está dándoles Puigdemont, el Tribunal Supremo, realizó una exégesis loable y valiente.

«Es inevitable recordar que, es la segunda vez, en unas semanas, en las que nos vemos constreñidos a la hora de pedir justicia por el concepto de violencia»

El próximo viernes, en el Consejo de Ministros, se evaluará la pertinencia de modificar el Código Penal en el título VIII, en el que se abordan los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. El gobierno toma la voz de la ciudadanía, que clama enfurecida.

Quizás la solución esté en un tipo único en el que la violencia física y la amenaza explícita, sean agravantes. O quizás exista una fórmula mejor. Lo que es indiscutible es que los magistrados tienen que recibir formación especializada sobre el tratamiento de los delitos sexuales. Y no solo los jueces con puestos específicos, vinculados a la lucha contra esa lacra, sino todos aquellos profesionales que puedan tener que conocer actuaciones de esta naturaleza. En cuestiones de género, es sabido que no sirve la formación sin sensibilización ni la sensibilización sin formación.

La pertinencia y urgencia de la modificación se percibe por el hecho de que un magistrado pueda dejar constancia en el voto particular de una visión, a mi juicio sesgada, retrógrada, insultante e impropia de alguien que representa el poder judicial español en el siglo XXI.

A mí particularmente y a gran parte de la sociedad, nos duele profundamente el tono y el contenido de ese voto particular. “Jolgorio” es una palabra que no volveré a utilizar, porque desde el jueves representa la irresponsabilidad en el ejercicio de una función, que considero noble y respeto profundamente: ser juez es algo solemne y trascendente y las licencias como esa, deberían ser castigadas por sus mismos compañeros, porque degradan la profesión hasta extremos inasumibles.

«A mí particularmente y a gran parte de la sociedad, nos duele profundamente el tono y el contenido de ese voto particular»

«Jolgorio» me parece una metonimia exacta, tomando la parte por el todo, del horrendo texto del voto particular. Lo define. Yo sí puedo decir «horrendo», porque esto es una tribuna de un periódico y la responsabilidad es la mía propia al expresar mi opinión. Pero “jolgorio” es la palabra empleada por un magistrado en una sentencia que ha conmocionado a España para describir prácticas que, desde la perspectiva de las víctimas, están próximas a la tortura.

Durante varios años, formé parte de la directiva de CAVAS (Centro de Agresión a Víctimas de Agresiones Sexuales). Conocí de cerca el sufrimiento de las víctimas. Hoy, no alcanzo a ponerme en la piel de la víctima del Prenda y sus colegas, que, decepcionada, puede sentirse juzgada y cuestionada por esta sentencia. Pero ella ya ha ganado una batalla no deseada: la de la justicia social. La gran mayoría estamos con ella para el resto de su periplo judicial.

Ese voto particular representa, en mi opinión, la impudicia de la osadía, el esperpento de lo anacrónico, la barbarie irresponsable, el despotismo de la exégesis irracional de un prejuicio mayúsculo… Pero, insisto, sobre todo, es lo contrario a lo argumentado por el Ministerio Fiscal y dista mucho de lo acordado por los otros dos magistrados. Eso solo podría comprenderse si hubiera una discrepancia sobre los hechos o la autoría.

«Ese voto particular es lo contrario a lo argumentado por el Ministerio Fiscal y dista mucho de lo acordado por los otros dos magistrados. Solo podría comprenderse si hubiera una discrepancia sobre los hechos o la autoría»

El texto de la reforma que nazca de este clamor popular, no ha de dejar tanto margen a la discrecionalidad personal de los magistrados. Que este señor haya “vomitado” sus prejuicios en una resolución tiene que servir para que no pueda suceder más. Los prejuicios distorsionan la realidad y, sobre todo, contaminan los derechos de los demás. Es bastante incómodo cuando se trata de la vida cotidiana, pero es inasumible cuando impregnan una decisión sobre la lesión de los derechos fundamentales. Un Estado garantista, como España, no puede permitir que esto suceda.

Esperamos, como quien espera un milagro de la primavera, que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra arregle este entuerto y que se equivoquen quienes dicen que el Gobierno está siendo oportunista.

Esperemos que se reforme el título del Código Penal que afecta a la libertad e indemnidad sexuales y que, esta reclamada reforma incluya el artículo 184 que castiga con penas mínimas conductas de muy diversa gravedad. Ese artículo 184 que a veces hace abortar la idea de denunciar el acoso sexual. Ese artículo 184 que contribuye a que las víctimas de los procedimientos más mediáticos, aún consiguiendo condena para sus acosadores, acaben yéndose a vivir lejos del que fuera su entorno, como ha ocurrido con Nevenka o la víctima del Caso Moya.

https://www.elespanol.com/espana/20180429/ley-juristas-posturas/303589639_12.html

Autora del artículo: Cruz Sánchez de Lara Sorzano.

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Protege tu proyecto empresarial: El pacto de socios

Desde que se fragua una idea empresarial hasta su materialización se pasa por muchas fases. Cuando se inicia un proyecto empresarial con amigos, familiares, o conocidos, y nos involucramos en esa nueva aventura, tenemos que pensar que, a pesar del entusiasmo inicial de emprender, no todo va ir rodado.

La relación con tus socios tendrá fases de disparidad de opiniones, o desencuentros que pudieran ir en contra del proyecto. Por ello, todos los abogados recomendamos enérgicamente que se firme un Pacto de Socios antes de iniciar este emprendimiento. Este tipo de Pacto de Socios, formalizado al inicio (denominado en el mundo anglosajón Seed Stage), es uno de los más comunes, si bien existen otros que tienen objetivos y fines más complejos. 

El Pacto de Socios es un contrato entre los socios de una empresa de cualquier forma jurídica, que regulará los aspectos más específicos del proyecto. Se definirán cuestiones que no caben ser concretadas en los estatutos sociales.

El objetivo principal de un Pacto de Socios es regular las relaciones entre los socios entre sí, y la relación de éstos con la sociedad o proyecto empresarial. Lo cierto es que a pesar de la extensa regulación en materia mercantil, y civil, cada empresa tiene características distintas, matices diferentes, y las relaciones entre los socios fundadores son distintas, por ello la necesidad de firmar un Pacto de Socios, porque nuestra regulación no abarca todo.

El contenido de este tipo de pactos puede incluir prácticamente todos los aspectos relativos a la gestión empresarial, tanto a nivel operativo como estratégico. Desde la determinación de criterios en el bloqueo de toma de decisiones en los órganos de administración, hasta regular la pautas para la salida de socios fundadores.

Un buen pacto de socios puede aportar al proyecto una seguridad y unas reglas consolidadas para que todos los socios se encuentren cómodos, y no existan los recelos entre ellos. La relación de los socios puede definirse desde el grado de dedicación de cada uno, o la definición de determinadas tareas asignadas, así como la remuneración por otros servicios que pudieran requerirse.

De la misma forma, se deben definir las pautas a seguir o los procesos en los que se de la salida a un socio por el incumplimiento de determinadas exigencias, o bien la entrada de nuevos socios inversores. Esta hoja de ruta que puede definir el pacto permite que la salida del socio se realice de una forma ordenada y sin conflictos en tanto que el socio saliente tenía aceptados dichos parámetros previamente con la firma del mismo o que el nuevo socio entrante se someta a las exigencias previamente establecidas por los socios fundadores.

La protección del proyecto y su viabilidad es otro de los objetivos de este tipo de pactos. Se pretende establecer criterios para que las decisiones sean tomadas en pro de la consolidación o crecimiento de la actividad desarrollada, sin caer en intereses personales de algún socio con porcentaje de voto, o con mayor visión a la liquidez inmediata. De igual forma se puede definir la exigencia de una permanencia de alguno de los socios que aportan un valor añadido al proyecto (un caso claro, son las sucesiones en empresas profesionales).

Las cláusulas que se incluyan pueden ser de distinta índole, las más comunes podrían ser: el buen gobierno, la no competencia, la permanencia, la obligación de indemnizar, la definición de funciones y dedicación, el derecho de información o las transmisiones de participaciones.

Sobre el momento idóneo para firmar el Pacto de Socios, la recomendación que todos los abogados solemos hacer para formalizarlo es antes de iniciar el proyecto, concretamente antes de formalizarse la forma jurídica de empresa que se haya elegido. Por muy simple que sea una estructura inicial, cuando los emprendedores la diseñan no tienen la visión del problema. Las controversias, o la disparidad de opiniones entre los socios fundadores va a surgir en algún momento, y por un motivo que en principio parecía insignificante, pero ocurre.

La forma de solventar estas situaciones es que todos los socios conozcan las reglas del juego, que estén comprometidos con el proyecto empresarial por igual y que conozcan tanto sus obligaciones como derechos, definido todo ello en un documento que todos conocen.

La seguridad que otorga un pacto de socios en el inicio de cualquier proyecto va a aportar a tu proyecto una seguridad en los cimientos, y entre los miembros que lo cimentáis, los socios fundadores. Por tanto, asesórate y define bien las reglas del juego para emprender.

Elaborado por: Barbara Estévez Closas abogada en SÁNCHEZ DE LARA ABOGADOS.

Barbara Estévez Closas


 

Los derechos de autor en caso de divorcio y herencia

La autora analiza las situaciones por las cuales se deben decidir la conveniencia de optar por un determinado régimen económico matrimonial.

«La Propiedad Intelectual protege las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio o soporte (libros, folletos, escritos, discursos, conferencias, informes forenses, composiciones musicales, obras dramáticas, coreografías, obras teatrales, obras audiovisuales, esculturas, obras pictóricas, planos, maquetas, mapas, fotografías, programas de ordenador y bases de datos, etc.), así como las interpretaciones artísticas, los fonogramas, las grabaciones audiovisuales y las emisiones de radiodifusión.»

Para leer el artículo completo pincha en el siguiente enlace:

https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20171004/251844814_12.HTML

Elaborado por: María José Rodríguez Rojas. Abogada en SÁNCHEZ DE LARA ABOGADOS

 

Sánchez de Lara

Aviso para divorciados en septiembre: el ‘método Juana’ no existe

Las resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento. No las incumpláis. Tiene consecuencias graves.

“La única alternativa al cumplimiento de una sentencia es intentar conseguir otra que la modifique”

El artículo completo en “EL ESPAÑOL” en el siguiente enlace:

http://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20170827/242345765_12.html

Autora del artículo: Cruz Sánchez de Lara Sorzano.